Enfoque para la coordinación intersectorial en Camboya

En Camboya, la coordinación en el sector relativo a la protección social se inscribe en el Marco Nacional de Políticas de Protección Social (2016-2025), dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este marco suscitó un amplio debate entre todos los ministerios competentes y, en 2017, recibió la aprobación del Consejo de Ministros y fue promulgado por el Primer Ministro, lo que refleja una elevada responsabilidad política. El punto fuerte de este marco radica en el análisis preciso de los desafíos afrontados por el sistema hasta la fecha (fragmentación, ausencia de un marco jurídico apropiado, escasa cobertura, etc.), al tiempo que se propone una clara visión de reforma.

Uno de los ámbitos de reforma que se articula claramente en este marco es la necesidad de establecer un "Consejo Nacional de Protección Social" (NSPC), encargado de coordinar las políticas y dirigir las cuestiones multisectoriales vinculadas con dos pilares: asistencia social y seguro social. El Consejo, que está presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con la participación de 10 ministros, se creó en 2017. Desde entonces, se ha venido reuniendo, al menos, una vez al año y ha brindado orientaciones estratégicas a favor de la integración en el sector de la protección social. El Consejo también cuenta con el respaldo de otras dos estructuras de coordinación: a) un Comité Ejecutivo que se reúne de manera ad hoc (habitualmente una vez al mes) para examinar las cuestiones operacionales y las recomendaciones en materia de políticas, y que cuenta con representantes a nivel de los Departamentos Generales y la Secretaría y Subsecretarías de Estado de los distintos ministerios; y b) una secretaría permanente con sede en el Ministerio de Economía y Finanzas, dirigida por el Secretario General, que se encarga de la coordinación y ejecución técnica de los distintos programas de protección social del país. Estos tres organismos de coordinación se rigen por la legislación vigente, a través de decretos reales y subdecretos gubernamentales, y han desempeñado una función fundamental a la hora de racionalizar el diseño y la ejecución de los programas de protección social que abarcan a una gran variedad de actores y sectores.

La coordinación dentro del sector se fomenta también a través del registro social del país, conocido como IDPoor y financiado íntegramente por el Gobierno. Por ley, este registro debe desempeñar una función intermediaria para llegar a todos los programas centrados en la erradicación de la pobreza, ya estén dirigidos por el Gobierno, los asociados para el desarrollo o las ONG. Diseñado en 2005, IDPoor se puso en marcha a título experimental entre 2007 y 2008 y, finalmente, se adoptó de manera oficial en 2011 con el objetivo de satisfacer una necesidad del sector de la salud (esto es, permitir que los hogares pobres pudieran acceder de forma gratuita a la atención de la salud). Desde entonces, IDPoor se ha convertido en una plataforma nacional muy institucionalizada entre los distintos actores y a todos los niveles de aplicación. Además, se ha granjeado la confianza de los distintos sectores y comunidades (gracias a su enfoque híbrido para el registro, que combina la focalización comunitaria con la evaluación indirecta de los ingresos). A modo de ejemplo, los titulares de la "tarjeta de equidad" (hogares registrados) pueden acceder a prestaciones y servicios en los sectores de la educación, la salud y la agricultura, entre otros. La transparencia y la confianza en el sistema se fomentan a través de una plataforma en línea orientada al usuario, que permite acceder a datos agregados y a la documentación clave. Asimismo, cabe mencionar que IDPoor utiliza la recopilación de datos a través de encuestas censales, que se complementan a través de un mecanismo, creado recientemente, que garantiza su oportuna actualización.  El estudio de caso pone de relieve la importancia de la coordinación interministerial y la manera en que un enfoque integral puede mejorar los resultados logrados por las políticas de protección social.

 

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