En 2016, la población en edad de trabajar de la República de Indonesia representaba el 67% del total. En 2002, el Gobierno de Indonesia adoptó medidas fundamentales para mejorar la seguridad de los ingresos entre este importante grupo demográfico a través de enmiendas a la Constitución de 1945. En consecuencia, la Constitución de 1945 reconoce ahora el derecho a la seguridad social y la responsabilidad del Estado de garantizar la suficiente seguridad de los ingresos a todas las personas en edad de trabajar.
En el Artículo 28H de la Constitución de Indonesia se garantiza la seguridad de los ingresos para las personas en edad de trabajar y se establece que "todas las personas tendrán derecho a vivir en condiciones de prosperidad física y espiritual, a tener un hogar y a disfrutar de un entorno sano y propicio [...] [y] tendrán derecho a la seguridad social a fin de desarrollarse plenamente como ser humano". Esta disposición constitucional ha impulsado una serie de hitos legislativos en la implantación progresiva de la Ley Nacional sobre Seguridad Social (Ley núm. 40/2004), en virtud de la cual se encomienda ampliar la protección social a toda la población y se incluyen disposiciones específicas para los casos de lesiones laborales o fallecimiento del cabeza de familia. La Ley aplica un enfoque gradual, con sistemas no contributivos para las personas pobres; sistemas contributivos para los trabajadores por cuenta propia y regímenes obligatorios para los trabajadores del sector formal. Las disposiciones constitucionales también dieron lugar a la Ley sobre los Proveedores de Seguridad Social para los Trabajadores, que transformó las cuatro empresas aseguradoras públicas en entidades públicas sin fines de lucro y, a partir de 2015, comenzó a implantar sistemas dirigidos a las poblaciones más pobres y vulnerables.
Los avances constitucionales de Indonesia a favor de una mayor protección social se consiguieron a través de un debate constitucional amplio e inclusivo, en el marco del cual se invitó a las partes interesadas a participar en la Asamblea Popular Consultiva celebrada entre 1999 y 2002. Sobre la base de las disposiciones constitucionales resultantes, el Gobierno de la República de Indonesia tiene ahora el firme mandato de facilitar la seguridad básica de los ingresos para las personas en edad de trabajar. A través de ese proceso, los legisladores de Indonesia han demostrado su voluntad política de proteger la igualdad y velar por que las disposiciones constitucionales y jurídicas relativas a la seguridad de los ingresos conformen una base jurídica sólida para construir un piso de protección social.
Lectura complementaria:
- Gobierno de la República de Indonesia (1945) Constitución de la República de Indonesia [en línea] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf [fecha de consulta: diciembre de 2016].